La legalización que no llega

El 20 de junio pasado la noticia apareció en los medios más importantes del mundo: Uruguay se convertiría en el primer país de América Latina en legalizar, producir y distribuir mariguana a los habitantes que se registraran para poder conseguirla. Todo el proceso estaría regulado por el Estado con el objetivo de reducir la violencia asociada al narcotráfico y al consumo de "pasta base" (los residuos de la cocaína).

Las voces a favor y en contra se alzaron por muchos países y en distintos ámbitos. "Si (la legalización) pasase, violaría la Convención Única, de la cual Uruguay forma parte", dijo el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov. Por el contrario el escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel, publicó una columna en el diario español El País donde señalaba: "Hay que aplaudir la valerosa decisión del gobierno de Uruguay y de su presidente, José Mujica, de proponer al Parlamento una ley legalizando el cultivo y la venta de cannabis".
 
Como esas, hubo decenas de comentarios, editoriales y discursos. Pero tres meses después ni siquiera hay una fecha exacta para que se vote esta iniciativa, que se presentó en agosto al Parlamento, y tampoco se ha definido cuál sería el procedimiento por el cual se realizaría el proceso productivo.

Después de que la oposición uruguaya señalara que el plan de Mujica era "una total improvisación", los sobresaltos no han cedido. El presidente señaló que sería "una empresa privada quien va a vender la mariguana bajo estricto control gubernamental, tal como ocurre ahora con las ventas de bebidas alcohólicas". Eso provocó fricciones incluso al interior de su partido, el Frente Amplio. El diputado frenteamplista Luis Puig reconoció entonces que "es una discusión muy compleja y hay que darla con mucha tranquilidad".

EL PLAN

Con esta iniciativa Uruguay se convirtió en el primer lugar del continente donde se plantea tan abiertamente la necesidad de regular un consumo que no deja de crecer pese a la prohibición que existe en casi todo el planeta. De momento, el plan es tan sólo un proyecto de ley que deberá ser debatido en el Parlamento uruguayo. El hecho de que haya sido el propio Gobierno el que realizó la propuesta, y que éste tenga la mayoría absoluta en ambas cámaras, podría hacer pensar que la  iniciativa tiene muchas posibilidades de éxito. Pero la incógnita de si se aprobará ahí permanece.

El texto original de reforma fue enviado por el poder Ejecutivo al Parlamento el 8 de agosto y consta de sólo un artículo de tres párrafos que señala que el "Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de mariguana y sus derivados".

Además, especifica que "el Estado ejercerá toda la actividad material que resulte necesaria para las actividades mencionadas" y aclara que las medidas se ejercerán "en el marco de una política de reducción de daños" que alerte sobre "los efectos perjudiciales del consumo de mariguana, con el fin de minimizar los daños a la población2.
 
Junto al breve proyecto el Gobierno uruguayo, presidido por el ex guerrillero tupamaro de 77 años José Mujica, envió al Parlamento una nota amplia en la que explicaba sus motivos y los principios por los que se planteó esta medida.

Allí reconoció abiertamente que la mariguana es un producto nocivo y que debe advertirse a sus consumidores sobre los efectos dañinos que tiene sobre la salud, pero a la vez consideró que es mucho peor el daño que causa a toda la sociedad el narcotráfico con sus "redes mafiosas criminales y la adulteración de los productos".

Esta norma forma parte de un plan del Gobierno para luchar contra la inseguridad ciudadana y lo que pretende "no es propiciar el consumo" sino "limitarlo a los que ya están afectados y que no queden en manos del narcotráfico", dijo Mujica.

La idea, según sus palabras, sería "arrebatar" a los narcotraficantes un mercado valorado en unos 30 o 40 millones de dólares anuales, según cifras del Gobierno. También alejar al consumidor de los narcomenudistas a los que tienen que acudir actualmente, quienes venden sustancias más peligrosas y que generan un mayor daño social como la pasta base de cocaína, principal responsable del aumento de la violencia criminal en el país.

MIRADA DISTINTA

Entre los argumentos que más utiliza el Gobierno uruguayo para justificar esta medida —que supone que permitirá un consumo máximo de 30 gramos mensuales por persona (40 cigarrillos) a través de un registro— está el "fracaso de la actual política de prohibición de la mariguana, la necesidad de cambiar las reglas de juego que no funcionan y realizar una profunda reflexión sobre las mismas", dice la justificación de motivos del proyecto.

Continúa: "Las políticas prohibicionistas desarrolladas en el mundo a lo largo de los últimos cincuenta años han mostrado no sólo ser probadamente ineficaces para reducir riesgos en los consumos de las distintas sustancias psicoactivas, sino que además han agravado exponencialmente los daños —sanitarios, sociales, legales, y económicos— generando negocios ilegales multimillonarios y niveles de violencia nunca vistos antes".

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas uruguaya, Julio Calzada, uno de los impulsores de la medida, dijo que ofrecer seguridad al consumidor y reducir riesgos y daños es la parte central del proyecto y que por eso es necesario el  papel del Estado "en toda la cadena productiva".

Calzada indicó que poniendo al Estado en el papel de productor se rompe "la hipocresía de otras normativas que permiten la venta pero que hacen la vista gorda en cuanto al origen de la mariguana",  y también las políticas que "apuntan todas las culpas al productor, cuando se trata de una cadena, y buscan controlar sólo la oferta y no la demanda".

LOS COSTOS

En julio pasado, un mes después de que Mujica lanzara el anuncio de la legalización, el porcentaje de aprobación entre sus gobernados se situó en 39 %, el nivel más bajo desde que asumió el cargo. Según el sondeo realizado por la empresa Equipos Mori, 33% de los uruguayos desaprobaban la gestión de Mujica en julio, cinco puntos más que en abril.

Entre los factores que la consultora señaló como "determinantes" para la caída de la aprobación fue la iniciativa de despenalización de la mariguana.

Además, las primeras encuestas que se hicieron sobre el proyecto, cuando aún no se conocía su contenido, mostraron un rechazo de 60% de la población a la legalización.

El mandatario ha tenido que salir en varias ocasiones ante la prensa para intentar clarificar el alcance del proyecto: "Son cosas que debe decidir el Parlamento a futuro. Hay que afinar mucho esto aún, nunca nos planteamos ni la legalización, ni nada, simplemente es una regulación, es no dejar al fumador en banda para que muera con los traficantes de la pasta base, es una alternativa al tipo esclavizado con una necesidad", dijo Mujica al medio uruguayo El Espectador.

"Dejamos a la gente en manos de los narcos si no hacemos nada. El tráfico ya existe pero es todo por abajo y no paga un peso de IVA, y encima nos deja el 'fatto social' a nosotros. Lo peor es esconder la cabeza", agregó.

EL DEBATE QUE VIENE

Más allá de los argumentos del Gobierno y del proceso que está en marcha (y que podría modificar radicalmente el plan de Mujica), todos los implicados en el debate —políticos, ciudadanos o activistas pro cannabis— destacan que lo más importante es que al fin se puso sobre la mesa el debate sobre la mariguana, la droga ilegal más consumida del mundo.

Según Sebastián Sabini, diputado del oficialista e izquierdista Frente Amplio, este proyecto, sea cual sea su redacción última, "es una medida audaz" y no deja dudas de que cambiará "el esquema con el que se discuten estas cosas en todo el mundo".

Sabini dijo también que el país tiene unas "muy buenas condiciones" para debatir "democráticamente" el tema y lograr "un consenso social y político sobre la base de reconocer que los esfuerzos hechos hasta ahora en Uruguay y en todo el mundo para detener el narcotráfico y el consumo, han fracasado".

Hasta la presentación de esta iniciativa, en el parlamento uruguayo había tres proyectos que se estaban debatiendo y que buscaban legalizar el autocultivo de la mariguana, una opción que es defendida por legisladores de todos los partidos políticos.

El legislador, defensor del autocultivo, afirmó que sin duda durante el debate que se viene "se irán conformando" y "explorando" posibilidades para que esta práctica forme también parte del plan.

Por su parte, Juan Vaz, uno de los portavoces de la asociación Planta tu Planta, partidarios de la legalización y el cultivo, se mostró satisfecho con toda esta iniciativa y, sobre todo, por el comienzo de un debate.

"Que se discuta y fundamente nos parece muy bien. Es algo que viene evolucionando muy favorablemente en favor de la legalización y hay que seguir trabajando. Somos partidarios de que el cultivo se reglamente y que se reglamenten los clubes de cannabis, pero estamos abiertos a que el Ejecutivo plantee cómo quiere hacer su sistema de distribución", dijo.
 
Una de las claves para que en Uruguay se estén dando estas discusiónes es la enorme tolerancia social que hay en el país para su consumo.

Sabini dijo que en su país "los ciudadanos están acostumbrados al uso" de mariguana y que además la irrupción hace unos años "de drogas más duras y destructivas" hizo que se perdiera el miedo y el estigma que pesaba sobre la cannabis.

Según datos de 2011 de la JND, 8.3% de los uruguayos entre 15 y 65 años reconocieron haber consumido mariguana en el último año, lo que equivaldría a unas 128 mil personas, mientras que 20% afirmó haber fumado mariguana alguna vez en su vida.

En la actualidad en Uruguay es legal portar y consumir mariguana para uso personal, pero no se puede traficar ni producir, una "hipocresía" que las asociaciones pro legalización llevan criticando muchos años.

A la vez, de acuerdo con una entrevista que el presidente Mujica dio a la agencia AFP, el plan de legalizar la producción y venta de mariguana "es para (resolver) los problemas que tenemos nosotros. No vamos a aceptar un turismo consumidor".

"Lo que estamos proponiendo no necesariamente es una receta que nos vaya a librar de esta plaga que se llama narcotráfico. Lo que queremos es ensayar otros caminos. Y nos parece que una cosa importante es tratar de arrebatarles el mercado. Porque por el lado represivo el mercado sigue caminando", enfatizó. "Nos parece que colocarlo arriba de la mesa, reglamentarlo, puede ser un mal mucho menor a lo que está pasando hoy".

Aunque la mayor parte de la población uruguaya dijo estar en contra de la iniciativa, el legislador Sabini dijo al respecto que "la discusión apenas está comenzando".

"El tema de alguna manera está sobre la mesa como nunca antes. Más allá de todo, lo importante es que se ha quitado el tabú a la discusión que estaba prácticamente prohibida hasta hace pocos años. Hoy la sociedad tiene la madurez necesaria para poner este asunto en cuestión", señaló.

Sin embargo, pese a los diálogos y el consenso, la fecha para que se apruebe la ley que causó polémica en todo el mundo y que puso a Uruguay en el ojo de la discusión sobre drogas en América Latina, aún no existe. (con información de Domingo)