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En la calle del olvido

El exempresario Josep Rosell y la inmigrante Yaa Mankwah viajan en el tobogán de la crisis ibérica, que deja 100 mil desempleados al mes, decenas de suicidios a la semana y más de 350 mil desalojos de vivienda desde que empezó el desastre económico (2007). Esta es una impronta de los desahucios que vapulean a los españoles
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Protestas

En febrero de 2009 se creó, en Barcelona, la primera Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que exigen apoyo

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Crisis generalizada

España se ha convertido en una nación que ha dejado casi a la mitad de su juventud sin oportunidades

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Sin cifras, pero con hambre

En la foto, activistas del colectivo 'Stop desahucios'. No hay cifras oficiales de cuántas personas viven en la calle

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Sin trabajo

Hoy en día, el 26.6% de la población no tiene empleo. En los menores de 35 años, la cifra llega a 42%

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Escondite

Josep Rosell Plans, 61 años, exempresario que vive en la calle y no quiere que su familia lo sepa

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Son miles

Los casos como el de Luis Domínguez, de 76 años, se multiplican. Él decidió 'ocupar' un hotel junto con otros militantes

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Muros, dolor y arte

El artista francés JR ha tomado fotografías de los afectados para dar visibilidad a este problema, como parte del proyecto 'INSIDE OUT'. En la foto, en Barcelona, se observa el muro frente al Museo de Arte Contemporáneo

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Indigno

María Rosa Moliner tiene 26 años y una hipoteca que le ha sido imposible afrontar

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La echan

El día de su desahucio, junto a sus tres hijos, su mamá y su cuñado

Por Témoris Grecko. Fotos Italo Rondinella
BARCELONA, España | domingo, 3 de marzo de 2013 | 00:10

El hombre de 62 años se presenta muy arreglado, con chamarra oscura, camisa y corbata. Tiene nombre de pura cepa catalana: Josep Rosell Plans. Es empresario. O lo fue hasta hace un año.

—¿Alguna vez se imaginó que llegaría a vivir en la calle?

—Yo, ¡no! —responde este hombre acostumbrado a hacer negocios por decenas de miles de euros—. Lo dije muchas veces. Prefiero ir a la cárcel y no estar ahí tirado en la calle. Lo dije cuando estaba durmiendo en el parque, cubriéndome del invierno con cartones, y en los comedores para los sintecho (quienes no tienen casa). Prefiero la cárcel. Pero, claro, para ir a la cárcel tienes que hacer algo.

Josep cuenta una anécdota que ganó fama en los últimos meses: "la del pobre ése de Madrid" que llega a un banco, grita que hará un atraco y "les dice 'tranquilos, que no me voy a llevar dinero, es que quiero que venga la Policía y me lleve a la cárcel, me darán de comer y dormiré'". El tipo se entrega a la Policía, el juez toma sus declaraciones y mira que no ha cometido ningún delito. Lo pone en libertad, sin cargos. Es un ladrón sin botín.

El empresario sin empresa, en cambio, cumplió en noviembre pasado un año de haber perdido la vida que pensaba inmutable, y sigue reflexionando en voz alta: "Entrar en la cárcel es difícil, si lo piensas bien".

En el extremo opuesto de la pirámide social barcelonesa, Yaa Mankwah, inmigrante africana dedicada a los oficios más humildes, llora, sentada en medio de un montículo de objetos colocados en bolsos de todo tipo —la totalidad de sus posesiones—. Es una escena aún más triste porque la rodeamos dos fotógrafos y yo, hombres extraños que apenas podemos comunicarnos con ella, que salpica palabras castellanas en un inglés limitado.

Está sola, muy lejos de su país, sin empleo ni dinero y, pronto, sin hogar. Cinco pisos abajo, una protesta de activistas ha logrado impedir por segunda vez que los funcionarios judiciales ejecuten la orden de desahucio contra ella. Sabe que la tercera será la vencida. En unas semanas, tendrá que ir a vivir a la intemperie.

Las batallas

"Desde hace cuatro meses, cada día veo a alguien nuevo en la calle", observa Catalina Gayà, una periodista española dedicada a dar a conocer los rostros de la gente normal de Barcelona, en bellas crónicas. "Y se nota que es gente que no vivía antes ahí... son nuevos inquilinos sin techo".

No se sabe bien cuántas personas viven en las calles españolas. Lo que se conoce y se sigue con pesimismo es la cifra de desempleados, que no cesa de crecer: en octubre de 2012, 100 mil personas perdieron sus trabajos; a ellas se sumaron 100 mil más en noviembre, y otras 100 mil en diciembre: con el año nuevo, el país llegó a la cifra de 5 millones de desempleados. O eso dijo el Gobierno. Eurostat, la oficina europea de estadísticas, lo contradijo al afirmar que ya en noviembre eran 6 millones 157 mil, algo sin precedentes en la historia moderna, equivalentes al 26.6% de la población económicamente activa. Es el peor dato en la Unión Europea, incluso que el de Grecia, que tenía en ese mes un 26%. Entre los menores de 35 años, la cantidad se eleva al 42%: esta es una nación que ha dejado casi a la mitad de su juventud sin oportunidades.

No por falta de ganas: las colas en las oficinas de empleo no se acaban. Hay gente que lleva años dedicada a llenar solicitudes, pegar fotos, enviar correos electrónicos, acudir a entrevistas. La industria de la construcción, gran empleadora, está en caída libre. El gobierno aniquila instituciones, despide maestros y médicos, reduce salarios. Las compañías están despidiendo o cierran. Los pequeños negocios fracasan.

Como el de Matías González, un hombre de 53 años, divorciado y a cargo de un hijo adolescente, que desde su bar en un polígono industrial de Santa Coloma, en la zona metropolitana barcelonesa, vio cómo iban desapareciendo las empresas cercanas y, con ellas, sus trabajadores, que eran también sus parroquianos. Después, uno de sus socios murió, el otro padeció una embolia y González tuvo que enfrentar en solitario la tarea de mantener vivo el negocio. Para conseguirlo hipotecó el apartamento en el que vivía, una deuda que, al correr de los años, con una economía nacional que no ha parado de caer, se hizo impagable.

Esto puso en peligro tanto su propiedad como la de su hija, una mujer de 25 años que había firmado como su avalista. "Llevaba siete meses que no cobraba ni un duro", narra González, "la crisis golpeaba y tuve que cerrar el bar. Bankia (antes Caja de Ahorros de Madrid) inició el proceso en nuestra contra, yo quería quitar a mi hija de en medio, esto me costó el divorcio. Al año pusieron el piso (departamento) en subasta. Fui al banco para preguntar qué podía hacer para entregar las llaves y que se quitara la deuda. Se negaron".

A diferencia de muchos otros países, en España la entrega de la garantía no significa el fin de la deuda. Un ejemplo típico es el de Yaa Mankwah, como explica Filiberto Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): redondeando números, ella adquirió un apartamento valuado en 200 mil euros, más 50 mil de intereses. Antes de quedarse desempleada y sin poder seguir pagando la deuda, había descontado ya 50 mil euros. Al reclamar la propiedad, el banco la valúa en sólo 50 mil euros, con lo cual sigue exigiendo el pago de los 150 mil euros restantes, a lo que le añade entre 50 mil y 100 mil euros de costes judiciales. "Lo que no puede ser", concluye Bravo, "es que de pronto te echan a la calle, sin nada, y sigues debiendo una cantidad impagable. Eso es lo que le están haciendo a la gente".

El caso de Mankwah es importante, además, porque revela las consecuencias de una práctica muy extendida en los años de bonanza: la concesión de hipotecas a personas que, bajo cualquier análisis serio, no tendrían capacidad para pagarlas. Fueron operaciones que demostraron cómo la codicia de bancos e hipotecarias los arrastró a la irresponsabilidad, caracterizadas por condiciones y cláusulas abusivas que aprovechaban que los clientes desconocían las leyes españolas, las mañas del lenguaje financiero e, incluso, la lengua castellana. Personas con poca educación o de origen extranjero, como Yaa Mankwah, eran presa fácil.

Ella nació en una aldea a siete horas de Accra, la capital de Ghana, donde creció realizando tareas agrícolas, con un nivel de instrucción que le permite escribir poco más que su nombre. Llegó a España en 2001 para trabajar en el campo, en la provincia de Almería, antes de mudarse a Barcelona en 2005, donde consiguió un contrato como trabajadora de limpieza. En 2009, un recorte laboral la dejó desempleada y sin capacidad de pagarle a Deutsche Bank, el cual, debido al alza de los intereses, le subió la cuota mensual de 450 euros a más de 1,200. A pesar de que, le decían, el apartamento valía menos.

Es una paradoja que la desconcierta a ella y a muchos más, como Matías González: "Los intereses subieron y terminé pagando 1,400 euros. Si han bajado los pisos, tiene que bajar también la cuota. Pero en España no: te bajan los pisos y te suben la cuota".

En su escaso inglés, Yaa Mankwah siente que la batalla ganada hoy es la guerra perdida de mañana. En España, sólo 42 personas, de las que Matías González fue el primero, después de una larga lucha que incluyó protestas masivas y semanas manifestándose vestido de preso frente a la sede barcelonesa de Bankia, han conseguido que el banco acepte la dación en pago (que la entidad prestamista tome posesión de la propiedad y libere al cliente de la deuda), y de cualquier forma tuvo que entregar el apartamento. La inmigrante ghanesa, como casi todos, sólo consiguió aplazar el momento del lanzamiento: "No sé qué voy a hacer, porque no tengo nada, a nadie que me ayude, no tengo dinero, no tengo trabajo".

Desprotegidos

"Era una bola de fuego y se retorcía de dolor en el suelo", dijeron los taxistas que auxiliaron a A.H.A., un albañil desempleado y ahogado en deudas, de 57 años y origen marroquí, que se vació una botella de gasolina y se prendió fuego en Málaga, el 2 de enero. Gravemente herido, a quienes intentaron salvarlo les explicó que "no tenía ni para comer". Murió dos días más tarde.

Semanas antes, el 14 de diciembre, en la misma ciudad, Victoria Mesa, de 52 años, se arrojó desde el balcón de su apartamento, tres días después de recibir una orden de desahucio. Cuidaba de su madre, de 96 años y enferma de Alzheimer. El 28 de noviembre, un hombre de 59 años se quitó la vida cuando estaban a punto de lanzarlo de su vivienda, en Santesteban, al norte de Navarra, por una deuda impagada de tan sólo 4,200 euros (75 mil pesos). El 9 de noviembre, en Vizcaya, mientras los encargados de echarla de su apartamento subían por las escaleras, Amaya Egaña, de 53 años, bajaba en caída libre desde el cuarto piso.

Estos son algunos de los casos de suicidio, relacionados con los desahucios y la crisis, que han trascendido. Seguramente hay muchos más. El índice aumentó de 6 a 9 diarios entre 2008 y 2010, según el Instituto Nacional de Estadística, que ya no presentó el reporte de 2011 (por una decisión de no informar al respecto, denunció el partido Unión Progreso y Democracia). Según el Consejo General del Poder Judicial, desde el inicio de esta crisis interminable, en 2007, han habido más de 350 mil desahucios y hay otros 200 mil en trámite de ejecución.

El escenario fue transformado, sin embargo, por un par de eventos que generó reacciones en el gobierno y los bancos, así como en la sociedad.

Uno fue un inesperado y contundente informe de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, en el que se afirma que la legislación hipotecaria española, vigente desde 1909, viola los derechos de los deudores, al no permitirles inconformarse contra cláusulas abusivas, e incumple la normativa europea de protección de los consumidores.

Esto se originó a raíz del desahucio de Mohamed Aziz, un caso típico: tras quedar desempleado, fue incapaz de afrontar los pagos de la hipoteca, perdió la casa, siguió debiendo 40 mil euros y además otros 42 mil que le cobraba la entidad bancaria por intereses de demora y otros costos: quedó en la calle con su mujer, sus dos hijas y una deuda impagable. El juez encargado de tratar el asunto, José María Fernández Seijo, encontró, como en otras ocasiones, injusticias contra las que no podía actuar con los instrumentos legales disponibles. En esta ocasión, entre otras cláusulas abusivas, una establecía que si Aziz dejaba de pagar cierta cantidad, el banco le aplicaría intereses a un tipo del 18.75%, "desde el día siguiente a aquel en el que se tenía que hacer el pago".

Aunque "la Constitución consagra al juez como el garante de que la ciudadanía pueda ejercer de manera efectiva sus derechos", dijo el juez en entrevista con el diario El País, "tenemos una Ley de Enjuiciamiento Civil del siglo XIX que en estos procesos concede al juez una intervención residual, de manera que quienes hemos querido ejercer esa función de garantes hemos tenido que hacerlo de forma forzada, buscando los poros del sistema".

No pudo evitar el lanzamiento de Aziz, "pero empecé a darle vueltas. No podía ser que si tenía razón, si el contrato era abusivo, no tuviera posibilidad de reparación. Entonces decidí plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

El Tribunal deberá emitir una sentencia que podría poner en cuestión la normativa española. Mientras se espera una resolución judicial, el caso fue suficiente para causar conmoción.

Dicho reporte fue presentado el 8 de noviembre. Y mientras se daba a conocer, se combinó con el segundo evento, ocurrido al día siguiente: Amaya Egaña era una mujer educada, de clase media, que había sido concejal en su ciudad. Su suicidio recordó que la crisis amenaza con llevar a circunstancias extremas casi a cualquier español, y que el sistema judicial no está hecho para proteger a los ciudadanos, sino para agravar sus problemas y llevarlos a la calle. O a la muerte.

Vivienda vacía

La indignación se extendió por el país. Ha sido medida por varias encuestas, como una de la empresa Metroscopia que el 11 de noviembre pasado dio a conocer que un 95% de entrevistados pedía reformar la ley hipotecaria y un 91% creía que, con frecuencia, los bancos "abusan de la buena fe y falta de conocimientos jurídicos de la gente".

Grupos como el 15-M, un movimiento ciudadano que trata de crear alternativas a los partidos políticos, y asociaciones específicas, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se pusieron a la cabeza de la inconformidad ciudadana y desarrollaron una argumentación que critica que el gobierno dedique miles de millones de euros a aliviar los problemas económicos de las entidades financieras, cuyos directivos se despachan con enormes bonificaciones anuales, mientras que los contribuyentes son arrojados de sus casas. "Lo que no puede ser es que el Estado utilice el dinero público, nuestro dinero, para rescatar los bancos y no lo use para garantizar el bienestar de la población", afirma Filiberto Bravo, de la PAH.

Los acusados —bancos y autoridades políticas—, trataron de defenderse anunciando buenos propósitos: los primeros, una suspensión voluntaria de los juicios de desahucio, aunque pronto se vio que era mentira y los lanzamientos seguían adelante; las segundas, una reforma legal para humanizar las leyes hipotecarias, que prepararían el gobernante Partido Popular (PP) y el mayor de la oposición, el Partido Socialista (PSOE).

A lo largo de más de tres décadas, precisamente estos partidos habían rechazado repetidas propuestas de modernización de la legislación de 1909, presentadas por Izquierda Unida. Esta vez, pasó una semana sin que lograran ponerse de acuerdo en una solución de largo plazo, hasta que el gobierno decidió imponer una de muy corta vida: un decreto presidencial para detener los lanzamientos.

Sus limitaciones resultaron visibles de inmediato: sólo se podían acoger a él familias en condiciones muy estrechas, por lo que las cosas no cambian para la inmensa mayoría de los afectados; sólo estaría vigente por dos años; y lo único que preveía era que durante ese tiempo no hubiera desahucios, los procesos judiciales continuarían, así como la acumulación de deuda por causa de intereses y costas. Era una mera postergación del problema y a fines de 2014, se tendrá que ejecutar todos los lanzamientos aplazados. Vaya invierno.

"El decreto salva del desahucio a una familia con un niño de tres años pero no a una familia con dos niños de cuatro", ejemplificó Ada Colau, dirigente de la PAH, uno de tantos casos contradictorios, en conferencia de prensa. "El problema de fondo es la falta de garantía del derecho a la vivienda: España es el país con más vivienda vacía y el que más desahucia".

El descontento social parece haber flexibilizado a los políticos. La PAH presentó una iniciativa legislativa popular, avalada por un millón de firmas, que el Congreso admitió el 13 de febrero. Ahora quedó "para tramitación por la vía de urgencia": no es garantía de nada, pero los legisladores han tenido que escuchar.

Por si hubiera dudas, en esta misma fecha, cientos de miles de personas salieron a manifestarse a favor de la propuesta en 50 ciudades españolas.

Objeción de conciencia

Una empleada judicial llega con sus compañeros en un coche particular y sin uniforme ni distintivos, para pasar desapercibida ante la multitud que trata de evitar un desahucio en Ciutat Meridiana. Se marchan para no discutir con los activistas de la PAH, sin que les importe mucho, pues sólo es el primer aviso de lanzamiento. Si fuera el tercero, habrían venido acompañados de un grupo de Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana, famosa por su actitud violenta) para imponerse por la fuerza. "¿No les duele trabajar echando gente a la calle?", pregunto. Sólo una acepta decir que es algo que no quiere enfrentar: "No me puedo permitir pensar en eso".

Es una maquinaria que parece imparable. La echan a andar los departamentos legales de los bancos, tras haber impuesto las cláusulas que el Tribunal Europeo considera abusivas, y se desliza por una carretera bien aceitada por leyes que la misma institución señala por dejar indefensos a los ciudadanos.

Mantener el proceso en marcha es obligación de jueces, funcionarios de los juzgados, policías e incluso, cerrajeros. Algunos han bloqueado toda reflexión interior: probablemente han sentido cerca este problema que se extiende a España entera, por amigos o incluso familiares, tal vez ellos mismos. Pensar en que su trabajo es dejar a gente en la calle hiere a cualquiera.

Otros, sin embargo, han decidido actuar contra las injusticias que les exigen cometer.

Los más renombrados, por ahora, son los jueces que, como Fernández Seijo, desde octubre se han movilizado para exigir una reforma de los procesos para otorgarles mayores garantías a los deudores, ampliando las cláusulas de oposición del acreedor: por cláusulas abusivas o intereses de demora. Piden también moratorias para casos de desempleo o desgracias, la entrega de la vivienda para cancelar el crédito (la dación en pago) y la introducción de mecanismos que permitan que las familias desahuciadas puedan permanecer en sus hogares como inquilinas, bajo alquileres acordes a su situación económica, o que sean trasladadas a apartamentos de protección social.

Menos conocido es el caso, humilde y sencillo, pero poderoso, de los cerrajeros. Su tarea consiste en cambiar la cerradura y entregar las llaves al funcionario judicial, que a su vez las dará al banco. En Pamplona, estos trabajadores pasaron de colaborar en una expulsión mensual a tres semanales. En diciembre, se celebró la primera Asamblea de Profesionales de la Cerrajería de la ciudad, que resolvió negarse a participar en lanzamientos. Por su parte, la Unión de Cerrajeros de Seguridad, una agrupación de toda España, rechaza colaborar en "desahucios de extrema gravedad" que involucren a familias completas, ancianos o niños que vayan a quedarse en la calle.

Sueño de España

¿Qué pensaba Josep Rosell de la gente que veía viviendo en la calle? La pregunta le resulta extraña, casi sorprendente. "¿Qué pensaba? No sé. No te lo puedo decir... porque ahora estoy contaminado. No la veía. Sí veía a la clásica mujer que pedía en la iglesia. No veía al resto. No sabía que existía esto".

España no ha superado el impacto de su tropezón. Llevaba décadas mirando hacia arriba, a un futuro luminoso, cuando resbaló por un bache cuya profundidad y amplitud no termina de descubrir. Lo mismo les ocurrió a miles de personas que, casi de un momento a otro, se toparon con perspectivas de vida destruidas y no alcanzan a divisar el fin de sus problemas.

Catalán de origen, el empresario vivió por décadas en Tenerife, una de las islas Canarias, dedicado a conseguir maquinaria y otros implementos que se necesitan en las obras de construcción. Un día se quedó atrapado entre dos extremos: un cliente le dio un pagaré que, a su vez, Josep entregó a un proveedor, pero el otorgante incumplió el pago, vino la demanda y se ordenó el congelamiento preventivo de una cantidad suficiente para saldarlo: eran 70 mil euros y Josep sólo tenía 37 mil en dos cuentas.

"A principios de septiembre de 2011", recuerda, "me voy a Caja Canarias a sacar 600 euros de una cuenta y me dicen 'tiene usted un embargo preventivo'. Me voy al otro banco, lo mismo. ¿Por qué me embargan?" El abogado le explicó: "Con esto no te va a pasar nada, pero te van a joder hasta el día del juicio, lo ha amarrado la juez y te lo puede desbloquear dentro de un mes como dentro de un año".

En noviembre de 2011, compró un boleto de avión a Barcelona con lo que le quedaba y escapó de Tenerife y del desprestigio social y empresarial: "Es una isla. Como le pida (euros) a uno a quien no se los pueda devolver, y luego a otro para devolvérselos al primero, entonces sí que estoy hundido, y pa' hundirme, me hundo yo mismo. Cuando vuelva, puedo decir que he estado en Argentina, en Brasil, haciendo negocios o en un tratamiento médico. Pero en la isla, si alguien resbala, no levanta cabeza".

Ahora está mejor, pues desde abril de 2012 resolvió pedirle ayuda a un amigo rico y éste le prestó un local de 700 metros cuadrados, desocupado y con enormes ventanales a la calle, donde duerme y guarda sus cosas. Algo es mejor que nada. No todos pueden darse el lujo que él se tomó, de ocultar su situación, desconectándose hasta de sus dos hijos, porque no tienen, como Josep, a quien recurrir.

De manera que se quedan atrapados en el sitio donde él pasó el final del otoño de 2011 y el invierno, y donde recibió la primavera: las calles.

¿Qué hace uno cuando se queda sin lugar para vivir? Josep bajó del avión y se dirigió a la avenida Diagonal, al lado del hotel en el que solía hospedarse en tiempos mejores, y donde estaba la única persona sin techo que él conocía: un alcohólico destruido por un quiebre amoroso, "que es para volverse loco", con el que el empresario conversaba casualmente en sus visitas a Barcelona. "Cuando me vió aquí, Rafa me dijo: ¡dos mantas! Y me ayudó. Le dije 'no tengo ni un euro'. Y él me dijo ‘yo tampoco, así es que no tenemos problema'".

Sobrevivir en la calle no es cosa fácil. Requiere de un aprendizaje duro que para personas acomodadas, que nunca supieron lo que era eso, es difícil realizar. Es inestimable el apoyo que un vagabundo deprimido como Rafael nos puede prestar, llegado el indeseado momento. Aunque nos parezca ridículo imaginarlo.

Aunque Josep asegura que puede recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, y con ello, su vida, comparte entusiasmado proyectos de largo plazo para sostenerse en la carencia: después de un año de trámites, está a punto de cumplir los requisitos para obtener el apoyo económico que reciben las personas mayores de 50 años (427 euros mensuales) y anticipa que, como tiene 62 años, a los 65 podrá asegurarse una paga similar sin muchas dificultades.

Es una gran ventaja que no se haya dejado derrotar y conserve íntegra la autoestima, reflejada en su forma de hablar, demandante de respeto, y en su pulcritud. Como en su optimismo: "Estoy en una situación de la que puedo salir en cualquier momento". Eso es lo que sueña toda España.

 

TÉMORIS GRECKO es un periodista independiente que ha ido en busca de las crisis y conflictos que retratan nuestro tiempo: los aprietos económicos europeos, la primavera árabe y las desigualdades africanas no han escapado de su libreta de apuntes. Ahora mismo extraña los tacos de tinga de pollo