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El diablo está frente a ti

Éstas son las historias de madres de familia que, desesperadas por conocer el paradero de sus hijos, deciden encarar a quienes presuntamente los desaparecieron. Ante la incapacidad de las autoridades para obtener información sobre sus familiares, ellas deben hablar con los criminales, suplicarles, ofrecerles apoyo, aunque por dentro estén destrozadas y busquen venganza
FALLOS. Casi 97% de las desapariciones nunca se resuelven. (FOTO: Guillermo Préstegui )
Por Daniela Rea. Ilustraciones de Guillermo Préstegui
| domingo, 25 de agosto de 2013 | 00:10

Antes de entrar a la oficina donde se entrevistará con el hombre que desapareció a su hijo Luis Ángel, Araceli Rodríguez se recarga en la pared y poco a poco se desvanece hasta quedar en cuclillas.

Un oficial mira a Araceli sentada en el piso y le pregunta, por última vez, si está segura de querer hacer esto. Tienen pocas horas para obtener información de este hombre que está detenido en una oficina de la Procuradura General de la República (PGR), en la Ciudad de México, antes de ser entregado en arraigo.

"¿Qué voy a sentir al tenerlo enfrente? ¿Cómo voy a empezar a hablar? ¿Cómo será?", se pregunta. Tiene miedo, pero quiere escuchar de voz de ese hombre lo que le hicieron a su hijo.

Araceli se lo imagina grande como un monstruo, fornido, con cara de demonio. A quien ve entrar al cuarto es, en realidad, un joven de unos 24 años al que le dicen El Chundo, casi de la misma edad que su hijo Luis Ángel.

Araceli está sentada frente a él, acompañada por dos oficiales de la PGR.


 
—Fue por órdenes del Jefe Morsa. Los emboscamos como a las 3 de la tarde y los llevamos a un paraje, los tuvimos vivos un rato. Casi a la media noche se nos ordenó matarlos y sus cuerpos fueron incinerados con 20 llantas, madera, sosa cáustica, gasolina blanca y petróleo. Los cuerpos no se podían deshacer así que mandaron traer una motosierra para descuartizarlos —el hombre interrumpe el relato y se dirige a los guardias—. Me duele mi ojo, denme una pastilla porque me duele mucho mi ojo.

Los guardias lo ignoran, pero Araceli toma su bolsa y saca de ella una pastilla de diclofenaco.
 
—Ten, para que se te calme el dolor. Mi hijo no ha calmado su dolor.

El Chundo toma la pastilla y comienza a llorar.

—Perdóneme, madre, por el daño que le causé. Pero ya no guarde fe, porque su hijo ya no está.

—¿Cuánto te pagaron por matarlo?

—Tres mil pesos.
 
Luis Ángel fue desaparecido el 16 de noviembre del 2009 junto con otros seis compañeros de la Policía Federal, y un civil, cuando iban a Michoacán a una diligencia: ocupar la Policía municipal de Aporo por la colusión de las autoridades locales con el crimen organizado. Los oficiales recibieron la orden de viajar vestidos de civil y sin armas, y no les dieron automóvil oficial, por lo que un amigo civil se ofreció a llevarlos en su camioneta. Las investigaciones dicen que fueron emboscados por La Familia Michoacana. Pese a que no se reportaron, sus jefes de la Policía Federal no los buscaron sino hasta seis días después de que las familias denunciaron su ausencia.

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Después de escuchar a El Chundo, los días de Araceli se marcan por el ritmo de la agresión a su hijo. Donde sea que se encuentre, a las dos de la tarde piensa que Luis Ángel aún está bien; a las tres imagina la incertidumbre de estar siendo secuestrado por hombres armados; a las seis siente su miedo de estar hincado y amarrado sin saber lo que harán con él; a las 11 de la noche…
 
Al encuentro con El Chundo seguirán otros con Nabor, El Camarón y El Nene, todos integrantes de La Familia Michoacana. A Nabor lo detuvieron por pura casualidad, cuando golpeaba a su esposa en Colima. Le encontraron dos credenciales de elector, una de ellas de Michoacán, y lo llevaron detenido. Nabor le relatará la emboscada, pero negará haber participado en el homicidio: "A mí me mandaron por unos tacos. Cuando llegué ya los habían matado. Después nos pusimos a cenar y a descuartizarlos".

El Camarón, un tipo güero y de ojos claros, se sentará como si nada ante ella y sólo le dirá: "No me arrepiento, ya lo hice". El Nene negará haber participado, dirá que se enteró del caso por los periódicos, que él sólo vende droga y no estaba ahí.
 
Ninguno pasa de los 28 años y a Araceli le inquietará saber sobre sus vidas. Quiénes eran, cómo era su vida diaria, su familia, si tenían sueños como los que le robaron a su hijo Luis Ángel. Querrá sensibilizarlos al prometerles apoyo a sus familias. También querrá irse encima de ellos, insultarlos, torturarlos. Hasta que un día se dará cuenta de las heridas que genera el odio.

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Tras hablar con ellos, Araceli puede reconstruir que su hijo y sus compañeros fueron emboscados y asesinados. Podría quedarse con esa certeza, de no ser porque las distintas versiones del final le hacen una esperanza: uno le dice que los echaron en cuatro bolsas de plástico y las aventaron al Puente de Fierro; otro relata que los ocho cuerpos calcinados fueron vaciados en una cubeta de pintura de 20 litros que luego arrojaron en la presa El Bosque; y uno más, que los enterraron en el paraje, luego los exhumaron y los fueron a tirar a un basurero.
 
Las versiones de los criminales condujeron a los peritos a rastrear los cuerpos en Michoacán. Araceli fue con ellos y, desde un extremo del paraje, los vio trabajar con aparatos y perros, colando la tierra para encontrar algún rastro.

Araceli los miró y se puso en cuclillas, esparció la tierra, la tomó en sus manos, trató de leer el polvo. Nada. Con las ramas encontradas en el paraje rodeado de aguacatales, hizo una pequeña cruz y la clavó con un papel que decía: "Hasta encontrarte, Luis Ángel".

II. El encuentro

—Sé que su esposa acaba de tener a su bebé, que ella estaba embarazada cuando lo detuvieron. Me ofrezco a ayudarla, a pagarle una manutención para que él esté bien, sólo dígame qué hicieron con mi hijo, dónde está.
 
La que habla es Rosario Villanueva. Está sentada frente al hombre que desapareció a Óscar Germán Herrera y otros tres compañeros de trabajo. Ella respira hondo para intentar calmar a su corazón batiente. "Cabeza fría, cabeza fría", se dice antes de hacerle la propuesta, y se lo repite para negociar con el hombre a quien en realidad querría maldecir.

—Yo puedo ayudar a su familia, sólo dígame dónde está —dice.
 
La habitación donde se encuentran es un cuarto de hotel sencillo, con aire acondicionado y televisión, donde está arraigado con otros cuatro sospechosos. Él es un tipo bien parecido, un policía municipal que, según investigaciones judiciales, era el enlace entre Los Zetas y sus subalternos. Es mucho más joven que el hijo de ella, que tenía 34 años cuando desapareció.

Óscar Germán y sus compañeros fueron desaparecidos el 15 de junio del 2009: policías a bordo de dos patrullas los detuvieron en Francisco I. Madero, en Coahuila, con el pretexto de que el auto tenía reporte de robo. Los cuatro hombres sospecharon y llamaron a sus esposas para decirles lo que ocurría. Algunos alcanzaron incluso a dictarles el número de placas de los autos oficiales, lo que facilitó después su detención.

El encuentro entre los dos ocurre un mes después de la desaparición de los muchachos. Ella lo mira fijo: tiene ante sí el rostro del horror, el rostro de quien hasta ahora era sólo una sombra omnipresente. Ella lo mira fijo y trata de controlar su rabia, su terror.

A su lado están un agente federal y un ministerio público con los rostros cubiertos por un pasamontañas. Ella lo mira fijo, como si lo desnudara. Sus ojos son la compuerta por la que se desborda todo el dolor acumulado en su cuerpo desde el 15 de junio del 2009, cuando a su hijo lo desaparecieron en Coahuila.
 
Él permanece estoico, inmune. Le devuelve la mirada y le responde:
 
—No puedo adelantar nada. Deje que pasen unos días, ahorita todo está muy caliente.

La palabra clave para Rosario, la que le devuelve la esperanza, es "adelantar".

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Ese policía y sus cuatro compañeros son acusados y consignados por la desaparición tres meses después del encuentro. Rosario los visita en un penal estatal. El hombre está en una habitación de usos múltiples y en medio de ellos hay una mesa llena de las piñatas que son elaboradas por los presos. Le cuesta reconocer al hombre que ahora tiene enfrente. El hombre bien parecido se ha convertido en un fantasma con la piel chupada y ceniza. Parece recubierto por un pigmento verdoso.

—Le pido, le suplico… —le dice Rosario con el verbo "adelantar" en la boca.
 
—Por culpa suya estoy aquí metido, no puedo salir bajo fianza porque usted ha hecho todo para que no salgamos de aquí —le responde enfurecido, y le avienta la mesa encima. Rosario la esquiva pero las piñatas se estrellan en el piso. El hombre se arroja hacia ella: quiere golpearla. Rosario tiene miedo. Ella, que pensó que nunca volvería a sentir algo así después de haber sufrido la desaparición de su hijo, tiene miedo y se abraza para evitar que las entrañas le revienten en ese lugar.
 
Rosario sale de la prisión a los 10 minutos de su llegada.
 
Meses después ella logra llegar a un penal federal donde están los cuatro oficiales federales también vinculados con el caso. Rosario sabe que uno de ellos está enfermo y ha intentado suicidarse. A él se dirige:
 
—Échenos la mano, ayúdenos a encontrar a los muchachos y le prometo que dedico mi vida a ayudarle. Realmente les vamos a ayudar.
 
Mientras pronuncia la oferta, por dentro piensa que espera que ellos se pudran si no encuentran a los muchachos: "¡Que se pudran!". Pero trata de calmarse. Cree que al transmitirle su perdón, al mostrarle que no lo odia, puede lograr más. De eso depende obtener una pista para encontrarlo, aunque ahora mismo quisiera torturarlo para que hable. El hombre no deja de llorar. No puede mirarla. Rosario le habla como si fueran cercanos.

En total, relata Rosario, se reunió con los policías municipales durante el arraigo y la detención; después con los federales también en prisión. Y hasta ahora, nada. Ni una pista: "Estoy segura de que las autoridades están encubriendo a las mismas autoridades: ¿Por qué no negocian con ellos? ¿Por qué no les ofrecen beneficios para que hablen? ¿Por qué la PGR nos dice 'ustedes ofrézcanles las perlas de la virgen, al fin que no les vamos a cumplir?'".
 
Cada vez que Rosario viaja para visitar a los acusados en los penales y vuelve a su casa, desde el avión mira la vastedad de la ciudad y se siente perdida. Una vez más llega con las manos vacías. Una vez más regresa sin noticias de su hijo. Ni una sola. Nada.
 
En los días próximos volará de nuevo a ese penal federal a encontrarse con el hombre enfermo. Quizá esta vez, cuando vuelva, de nuevo mire la ciudad desde el avión y…

III. El abismo

Yolanda Morán recibió una llamada de un número desconocido. Intuyó de quién se trataba: había esperado dos meses esa llamada, desde que su hijo fue desaparecido, pero la había esperado con más ansiedad las últimas 24 horas.
 
Un día antes, el 10 de febrero del 2009, Yolanda estaba en una habitación del Hotel California, en Torreón. Tenía enfrente a Ubaldo Gómez Fuentes, un militar que fue detenido a bordo del automóvil del hijo de ella, Dan Jereemel.
 
—Sé que estás en un gran problema. Sin embargo, vengo a pedirte ayuda, a rogarte, a suplicarte que me digas dónde está mi hijo, qué le hicieron —le dijo.
 
Yolanda —dice— ha mirado ojos fríos, parecidos a un abismo. Cuenta cómo miró los del ex presidente Felipe Calderón cuando lo increpó en una reunión entre autoridades y familiares de desaparecidos en el Castillo de Chapultepec. Ahí le dijo al ex mandatario que todos los desaparecidos tienen madres que los aman y los buscan, no sólo los que tienen apellidos famosos.
 
Por eso pudo mirar los ojos de Ubaldo Gómez sin hundirse en ese abismo negro y muerto que ella vio cuando él le respondió:
 
—Ahora resulta que yo hice todas las desapariciones. Ahora resulta que me traen a una hilera de madres a preguntarme por sus hijos.
 
Quién sabe cómo se llenaron las dos horas que Yolanda y Ubaldo estuvieron frente a frente en esa habitación de paredes empalagosas y colchas floreadas. Quizá ella le relató su angustia e incertidumbre. Quizá intentó tocar su corazón.
 
—Déjeme su número de celular por si recuerdo algo —le dijo Ubaldo antes de que Yolanda dejara la habitación.
 
Por eso al día siguiente, cuando Yolanda recibió la llamada de un número desconocido, supo de quién era. Aunque fue la voz de una mujer la que contestó del otro lado, probablemente la misma mujer que entró a la habitación a visitar al militar después de Yolanda: "Mire señora, yo no sé si entre los que tienen en una casa de seguridad esté su hijo, pero es una casa verde en tal calle. El que los cuida se llama Pedro y le dicen El Tejón".
 
Yolanda tenía dos meses esperando esta noticia, desde el 19 de diciembre del 2008, cuando su hijo fue desaparecido por hombres armados cuando estaba adentro de su auto en un fraccionamiento en Coahuila. Ningún testigo quiso hablar, pero un militar fue detenido a bordo del auto.
 
Tras la llamada dio aviso a la Dirección de Antisecuestros de Coahuila, quienes llevaban su caso. Ellos le advirtieron no hacer nada que pudiera poner en riesgo la vida de su hijo. Habían pasado apenas dos meses de la desaparición y ella obedeció. Aún confiaba en ellos.
 
Durante dos semanas llamó para preguntar qué había pasado y del otro lado una voz monótona le decía: "Estamos haciendo trabajo de inteligencia". Así a diario, hasta que el Ejército "reventó" la casa y encontró la droga y a El Tejón, pero a ningún desaparecido.

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Por la desaparición de Dan Jereemel las autoridades de Coahuila detuvieron a cuatro personas: tres militares y una mujer. Yolanda pudo hablar con Ubaldo Gómez cuando estaba en el arraigo. Después de ese encuentro los militares fueron enviados a la cárcel de Torreón. Ahí fueron asesinados por un comando armado que ingresó a las instalaciones, al cuarto de carpintería y a los baños donde se encontraban.

Para Yolanda quedaban dos esperanzas: los dos prófugos del caso.
 
A finales de marzo del 2010 uno de ellos, Ricardo Albino Navarro, fue detenido en el Distrito Federal por otros militares y enviado a la misma prisión donde mataron a sus compañeros. Un mes después también lo asesinaron en una supuesta riña. Hoy a Yolanda sólo le queda una esperanza.
 
A través del Ministerio Público y de solicitudes de información, Yolanda pudo saber el nombre de los militares muertos que eran presuntos responsables de la desaparición de su hijo: Ubaldo Gómez Fuentes, Carlos Palacios Quintero, Carlos Navarro Valdés y Ricardo Albino. El nombre del único prófugo es Miguel Ángel Lara Mayorga.
 
Pero hasta el momento no ha podido saber cómo fue que lo desaparecieron: "No sabemos cómo ni por qué se lo llevaron, lo único que sabemos es que quien traía el coche de mi hijo ya tenía antecedentes de secuestrador". Lo único que saben es que fue desaparecido en una unidad habitacional, pero ningún vecino quiso atestiguar.
 
"Algo se debe poder hacer. No sé decir si las autoridades deben negociar con ellos,  obligarlos a hablar o tenerlos como testigos protegidos. Por eso decimos que debe ser la Policía Científica la que investigue, para que realmente hagan que hablen, porque las autoridades sólo nos dicen 'no quieren hablar y no hay manera de obligarlos'. Dicen que ellos se agarran del artículo 20 constitucional y que tienen derecho a no hablar", dice Yolanda. "También nos han dicho que la ley no les permite que hagan tratos, pero sí los hacen con los delincuentes que les conviene. Les hemos pedido a las autoridades que les ofrezcan algo para que hablen y nos dicen que sí les van a prometer, porque al final ni se lo van a cumplir y sólo los están engañando para que hablen".
 
Yolanda se pregunta cómo es posible que la figura de testigos protegidos se utilice "con fines políticos y no para saber qué hicieron con los desaparecidos". También se pregunta cómo es posible que se obligue o presione a detenidos a hablar sobre crímenes que cometieron, pero no para saber dónde están los desaparecidos.

IV. Ni verdad, ni justicia

Los encuentros entre madres y quienes habrían desaparecido a sus hijos deberían causar por lo menos extrañeza. Así lo plantean Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, y Ana Lorena Delgadillo, abogada de víctimas de la Fundación para la Justicia.
 
Extrañeza porque a estos encuentros llegan cuando están al borde de la desesperación, cuando el Estado les ha planteado que ya no hay alternativas. También porque implican una cadena de victimización a los familiares y tenerlos enfrente puede ser considerado tortura: deben mirarlos a los ojos, contener el ánimo para enfrentarlos, sentir culpa por no obtener información, vivir con el riesgo de una venganza. Y porque hasta allá los ha llevado la falta de investigación de las autoridades.
 
Porque, en realidad, ¿qué hace la autoridad con las pruebas y en la escena del crimen? ¿Realiza algún rastreo de llamadas o reconstrucción de recorridos? Para Dulitzky este enfrentamiento entre víctimas y acusados demuestra los vicios del sistema de investigación mexicano, donde la declaración del inculpado es la única fuente de información para resolver casos.
 
Con él coincide Delgadillo: este encuentro refleja la tan mencionada incapacidad de investigación, porque el detenido —si lo llega a haber— para las autoridades es la única posibilidad de encontrar al ausente.

"Simplemente les dicen a los familiares 'ahí está el imputado y no quiere hablar, vaya usted a ver si le puede sacar algo, si lo puede sensibilizar'. No hay interrogatorios con estrategia de persuasión y tampoco flexibilidad penal para dar beneficios cuando den noticias del paradero. Mucho menos se analiza la escena donde ocurrió la desaparición o las pruebas que se recogen", dice Delgadillo.
 
Para las autoridades la investigación no avanza porque el imputado no habla, pero él tiene derecho a no hablar según el artículo 20 de la Constitución. Ese derecho busca proteger al acusado —cualquier persona que pudiera ser detenida—  de presiones o tortura para obligarlo a declarar.

Julián, como le llamaremos a un ministerio público de la subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas de Coahuila, asume la falta de capacitación de las autoridades investigadoras: "El primero y segundo día después de su captura los detenidos hablan luego luego, porque 'les cayó la ley'. Hablan mucho porque no saben sus derechos ni por qué los detuvieron. Pero a partir de ahí, cuando llega el abogado de oficio, les dice que se apeguen al 20 constitucional, los asesora en sus derechos humanos y ya de ahí no pasamos. Incluso desmienten la información que dieron en un inicio".
 
"Los agentes investigadores no han litigado, son abogados de escritorio, se debería invertir en ellos para que tengan capacidad de interrogar, más creatividad y audacia. El problema también es cuando los militares o los marinos tiran a matar y no detienen a los presuntos culpables. Disparan sin saber que con los cuerpos, con esos muertos, se nos va información muy valiosa: no hay forma de interrogar a un muerto", dice Julián.

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Hay una línea muy delgada que se tensa entre la necesidad de obtener declaraciones que ayuden a dar con los desaparecidos y el derecho de cualquier detenido a no hablar. ¿Se debe permitir la mano dura para el hallazgo de los ausentes? Dulitzky refiere que ése es un debate que enfrentan muchos de los países latinoamericanos abatidos por el crimen organizado. La respuesta fácil, dice, sería más mano dura y menos garantía de derechos humanos. Pero es la misma que se utiliza en la guerra contra el terrorismo o en las dictaduras militares.

"Si uno tortura, la persona probablemente dirá lo que el otro quiere escuchar. No hay garantía de que bajando las garantías procesales se tendrá información confiable. Tampoco hay garantía de que habrá más justicia al hacerlo. El Estado debe utilizar todos los instrumentos a su disposición para hacer una investigación seria", dice Dulitzky.
 
Delgadillo entiende que ese llamado social a la "mano dura" viene desde la desesperación ciudadana. Si la autoridad plantea que el imputado no quiere hablar, la desesperación dice "pues oblíguelo". Pero la autoridad no dice que esa es su única prueba para avanzar porque no sabe investigar.
 
"Si esperas que todo venga por la declaración del imputado, no va a resultar. Lo vimos en el caso Campo Algodonero (de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez), donde hubo personas detenidas que fueron torturadas y una de ellas salió libre por eso. Y se perdieron evidencias científicas que no se analizaron. No podemos permitir que el Estado obtenga una fuerza ilegal para obtener un resultado en términos de justicia", dice Delgadillo.
 
Entonces, ¿negociar o no negociar con los detenidos? Delgadillo considera que sí: intercambiar beneficios por información. Beneficios como disminución de penas o traslado a penales que estén cerca de su familia.
 
El Ministerio Público de Coahuila refiere que no ha 'negociado' con los detenidos porque no está contemplado en la ley. Tampoco cree en los testigos protegidos porque los fines no son claros y hay un uso político.
 
En Chile y Argentina hubo procesos más o menos similares en la búsqueda de respuestas. Durante la transición democrática y la amnistía, se optó por la verdad y se sacrificó a la justicia. Después, cuando se conoció la verdad, las víctimas demandaron justicia. Ahora quieren la reparación del daño.
 
Delgadillo dice: "Pero en México no hay justicia ni verdad. No es que se haya planteado una opción de una sobre otra, sólo no se planteó ninguna. No veo indicios de que haya tensión entre estos elementos porque en el caso mexicano no hay procesos. Entonces, si hay impunidad asegurada, ¿qué incentivos pueden ofrecer a cambio de información?".

DANIELA REA GÓMEZ  es reportera independiente especializada en temas de derechos humanos e integrante de la Red de Periodistas de a Pie. Actualmente trabaja un proyecto personal sobre la ausencia y el vacío que dejan las personas desaparecidas