» PORTADA «

La vanguardia anti- prohibicionista

Todo inició hace seis años, cuando los expresidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil), junto con un grupo de intelectuales y activistas, conformaron un bloque que retó al modelo represivo con enfoques progresistas para combatir el narcotráfico. Ahora la marihuana empieza a salir de la clandestinidad en países como Uruguay, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos... Esta es la historia de cómo se gestó la rebelión de los liberacionistas
(FOTO: FOTOS Frederick Bernas y Archivo El Universal/ ILUSTRACIÓN Rosario Lucas )
José Luis Pardo y Alejandra S. Inzunza
| domingo, 29 de noviembre de 2015 | 00:01

En la serie de televisión Narcos, basada en la vida del traficante colombiano Pablo Escobar, el ex presidente César Gaviria es retratado como un héroe desesperado en su lucha contra los narcóticos y el terrorismo de los cárteles. A lo largo de 10 capítulos se revive los estragos de Escobar durante su gobierno: explotó un avión de Avianca con 107 pasajeros, luchó contra las extradiciones de capos de la droga a Estados Unidos, secuestró periodistas y miembros de la clase política, mató jueces y construyó su propia cárcel a cambio de “paz”. Gaviria fue uno de los presidentes que más padeció las consecuencias de la guerra contra las drogas. Una vez fuera del poder, decidió buscar una política alternativa convencido del fracaso del prohibicionismo

Hace seis años se reunió con los expresidentes de México y Brasil, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, con la idea de que el mundo viera los costos de la política antidrogas vigente. Fundaron la Comisión Latinoamericana de Política de Drogas —con otros 17 activistas e intelectuales— y tres años después le cambiaron el nombre por Global, cuando figuras europeas y africanas se sumaron a la causa. La Comisión Global de Política de Drogas (GDPC) —integrada por personalidades como el ex secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, el empresario Richard Branson, el escritor Mario Vargas Llosa, el banquero John Whitehead, la ex presidenta de Suiza Ruth Dreifuss y el ex primer ministro de Grecia, Geoge Papandréu, entre otros— es el principal motor contra la política represiva. La GDPC recomienda reformas sustanciales al régimen mundial de prohibición de narcóticos como alternativas al encarcelamiento, despenalización del consumo, un mayor enfoque de salud pública al uso de drogas y experimentación de regulaciones legales. La marihuana, dicen, sólo es el primer paso.

“No se puede decir ya que son sólo expresidentes los que se dan cuenta. Hoy el principal tema de discusión de los presidentes con el gobierno de Estados Unidos es la política de drogas. Son ellos quienes pusieron el tema sobre la mesa. Esto ya trascendió hace rato”, explicó Gaviria hace un par de semanas durante su visita por México, donde presentó los últimos informes de la comisión que proponen el uso médico de la morfina y el control del Estado para regular el mercado de la droga.

Los ex presidentes sufrieron en carne propia los estragos de la política prohibicionista. Durante el gobierno de Zedillo, los cárteles mexicanos se fortalecieron y empezaron a apropiarse del negocio a nivel mundial. Cardoso fue testigo del crecimiento del Primeiro Comando Capital —uno de los grupos más fuertes en Sudamérica— y de una mutación de Brasil que actualmente es una de las principales rutas a Europa y se ha convertido en el segundo consumidor de cocaína y derivados después de Estados Unidos. En Suiza, se desató una epidemia de heroína durante el gobierno de Dreifuss, similar a las que EU vive actualmente.  Papandreu también constató altos índices de consumo, que derivaron en la despenalización del uso de la cannábis.

“Es suficiente ver los costos de la política de drogas actual para ver que no se puede tolerar. El costo de la violencia y de los muertos, ya sea por la guerra entre los cárteles o del Estado con los cárteles. En Europa también sufrimos por la transmisión del sida y la hepatitis. Se puede hablar en países de muchas regiones del mundo, de generaciones perdidas, de generaciones de jóvenes que no tenían realmente la posibilidad de salir de un consumo de drogas o de una red de criminalidad sin perder su vida. Es el costo el que nos obliga a considerar otra política”, dijo Dreifuss, quien durante su mandato propuso el uso médico de la heroína para combatir su adicción.

Dreifuss y Gaviria visitaron México días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara institucional la prohibición al uso recreativo de la marihuana. Ambos coincidieron en que el fallo tendrá un impacto fundamental en la región para promover un cambio en la política de drogas, ya que México es el país más afectado por la lucha contra el narcotráfico.

Varios países que se han sumado al cambio. Ya sea a través del poder legislativo, ejecutivo o judicial, buscan reformas sustanciales para combatir la violencia, el consumo y permitir las libertades individuales. América empieza a quebrar medio siglo de prohibición.

*****
Hace algo más de dos años el congreso uruguayo aprobó la regulación de la producción, distribución y venta de marihuana por un solo voto. La coalición de izquierdas liderada por el entonces presidente, José Mujica, contaba con la mayoría más uno, pero uno de los diputados, médico de profesión, había expresado sus dudas sobre el proyecto de ley en los días anteriores. Al filo de la medianoche, cuando llegó su turno de votación, el galeno dijo: “La marihuana es una bosta (excremento de vaca)”. A pesar de su gráfica aseveración, siguió la disciplina de partido y votó a favor de una resolución que convertiría a Uruguay en el primer país de América Latina que dejaba atrás la prohibición total de las drogas.

El debate en la Cámara representaba la fuerte división de la sociedad uruguaya: según varias encuestas, cerca de 60% se oponía a la ley. Mujica, aun con la opinión pública en contra, continuó con la iniciativa bajo la siguiente lógica: ya que existía la demanda era mejor que la gente comprara bajo el amparo del Estado (como ocurría con el alcohol o el tabaco) que en los dispendios ilegales controlados por traficantes. Un pensamiento similar ya había pasado en 1930 por la cabeza de un hombre ideológicamente muy alejado al ex guerrillero uruguayo, John D. Rockefeller. “Ha aumentado el consumo de alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales”, dijo el magnate estadounidense en el contexto de la Ley Seca, que había apoyado en un principio. Se cuenta que Eliot Ness, el agente del Tesoro estadounidense, famoso por sus esfuerzos para hacer cumplir la ley en Chicago, celebró con una copa el fin de la prohibición.

La decisión de Mujica no gustó a la oposición —que sí apoyaba el autocultivo—, tampoco a Naciones Unidas, que se pronunció al día siguiente para “lamentar la violación del convenio sobre el control de drogas”, e incluso varios activistas prolegalización protestaron porque pensaban que la ley se contraponía a la libertad individual. “Es pronto para hacer un balance porque la ley está funcionando recientemente. Si las cifras oficiales son correctas uno de cada cuatro usuarios de cannábis ya se abastece de flores que alguien planta y le quita presión al mercado de marihuana prensada paraguaya. Uruguay es hoy más libre y tolerante. La ley no es la panacea, simplemente normaliza algo que ya estaba pasando. Muchos jóvenes están más tranquilos porque no son criminalizados”, dice el periodista uruguayo Guillermo Garat, autor del libro Marihuana y otras yerbas.

Las autoridades uruguayas han dicho siempre que su política de drogas sólo sirve para Uruguay, un país de 3.5 millones de habitantes, con índices de violencia, corrupción, desigualdad y pobreza muy inferiores al contexto general latinoamericano. La ley, sin embargo, se encuadra dentro de un impulso creciente en los últimos años para cambiar el rumbo y dejar atrás la prohibición. Colombia ha suspendido las fumigaciones de plantíos, ha impulsado un plan nacional de sustitución de cultivos y el presidente, Juan Manuel Santos, decretó la regulación de la marihuana con fines medicinales, que se debate en el congreso; en Costa Rica se ha empezado a implementar un programa de reducción de daños, que visibiliza el consumo de drogas más como un problema de salud que de seguridad; Guatemala ha cambiado en los últimos meses su discurso y se ha mostrado abierto a una revisión de su política; en Jamaica se han aprobado leyes para el uso tradicional y medicinal del cannábis; el nuevo gobierno de Canadá ha prometido la regulación de la marihuana; en julio pasado Chile aprobó un proyecto de ley para despenalizar el autocultivo y el consumo medicinal y recreativo de la yerba; desde 2009 la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional la punición a la tenencia de drogas aunque el fallo todavía no se ha concretado en una ley; en Ecuador se inició un proyecto de excarcelación de presos por posesión que empezó con un indulto presidencial y acabó con la reforma de leyes de drogas. Benefició a 3 mil personas; Brasil debate la despenalización de la posesión de drogas en pequeñas cantidades después de que un hombre fuera juzgado en 2009 por  llevar tres gramos de marihuana.

En el fondo está el problema de la saturación de las prisiones. En Brasil cerca de un tercio de los presos están condenados por delitos sancionados con la Ley de Drogas, una constante en todo el continente. El piso mínimo a partir del que se debe construir el cambio, coinciden los expertos, es la descriminalización del consumidor.

Las iniciativas se han extendido desde el sur hasta el norte de América,  incluyendo Estados Unidos, donde 23 estados y la capital, Washington DC, han aprobado el uso medicinal y en algunos casos también recreativo de la marihuana. “La legalización de la marihuana para uso recreativo en Washington y Colorado sentó un precedente geopolítico importante, justo en el epicentro de la política prohibicionista. Esta dinámica interna en EU ha impactado su posición, llevándolo a hablar de la flexibilización en el cumplimiento de las convenciones y el respeto por las decisiones soberanas”, dice Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center en política de drogas y asesor del Ministerio de Justicia de Colombia.

Cuando Estados Unidos levantó la prohibición sobre el alcohol, siguió vigente el veto a sustancias como marihuana, cocaína o heroína. En 1971 el presidente Richard Nixon dio el pistoletazo de salida a la Guerra contra las Drogas: “El enemigo público número uno de Estados Unidos es el consumo de drogas y para derrotarlo hay que crear una nueva ofensiva”. La lógica de esta política era que si se presionaba con medidas políticas y militares a los pequeños y localizados productores, situados en su mayoría en Perú, la oferta escasearía, el precio de la droga se incrementaría y el consumo descendería. Las consecuencias fueron contrarias: los contrabandistas extendieron sus redes para escapar de la presión policial, la cocaína se convirtió en un sustituto de la heroína y se democratizó, el precio se ha mantenido estable durante décadas y un negocio minoritario y pacífico se convirtió en un problema global y violento. “En algunos países hay una sensación de agotamiento y frustración con los pobres resultados arrojados por la políticas represivas”, dice Garzón.

Agrega que bajo este marco “se abre la posibilidad de debatir y considerar otras soluciones posibles. La regulación de la marihuana es el comienzo de este proceso, con una droga cuyas posibles afectaciones son menores que el alcohol y el tabaco”.

En 1971, la tasa de homicidios en el continente era de ocho por cada 100 mil habitantes, según la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito: hoy se ha duplicado, con casos flagrantes como el Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), una de las regiones más violentas del mundo. “La política prohibicionista niega los problemas que genera, peores a los que pretende evitar; las muertes por las respuestas estatales son mayores a las que se producen por la mala utilización de las sustancias”, dice  el abogado argentino Alejandro Corda, miembro de Intercambios, que estudia los problemas relacionados con las drogas.

Para muchos expertos México es la representación más palpable de una frase que se repite en los corrillos de esta vanguardia antiprohibicionista: el problema no son las drogas, sino la guerra. Un país con índices de consumo pequeños, cuenta sus muertos y desaparecidos por decenas de miles.
*****
Graciela Elizalde, una niña de ocho años de Monterrey, Nuevo León, sufre hasta 400 convulsiones diarias, producto del síndrome de Lennon-Gastaut, uno de los casos de epilepsia más graves. Durante años, sus padres probaron al menos 19 tratamientos, incluyendo una radiocirugía y una callostomía —donde le cortaron tres cuartos del cuerpo calloso del cerebro—, sin éxito. El deterioro de la salud de su hija los llevó a pensar en la marihuana como alternativa. Después de estudiarlo, descubrieron que en 84% de los casos, el cannabidiol, un aceite con extractos del THC, el componente principal del cannábis, ayudaba a reducir los síntomas en pacientes con epilepsia. Como en México la sustancia es prohibida, los Elizalde recurrieron a un juez que falló a su favor y Grace se ha convertido en la primera niña en usar marihuana medicinal.

El fallo, en septiembre pasado, replanteó el debate de la marihuana en uno de los países más afectados por la guerra contra los drogas. Semanas después, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un colectivo integrado por cuatro personas, obtuvo un amparo ante la SCJN para el consumo lúdico de la marihuana. Ambos casos están unidos por distintos grupos de activistas que promueven la regulación de la cannábis y un cambio tangencial en la política prohibicionista.

Desde hace más de tres años, México Unido contra la Delincuencia, promovió el amparo ante la Corte, pero su estrategia para una nueva política de drogas iba mucho más allá. Durante ese tiempo, sus integrantes dieron asistencia a nueve proyectos legislativos, cabildearon distintas reformas y proyectos sobre despenalización, consumo y salud pública con cámaras locales y federales, además de conversar con miembros del gobierno sobre la necesidad de un cambio en la política de drogas. “Pero la vía judicial siempre se vio como opción por si no rendía frutos como voluntad política. Queríamos que el poder judicial se pronunciara”, dice Lisa Sánchez, directora de política de drogas de la organización.

SMART elaboró una estrategia integral para dotar a la SCJN de un caso que fuera tan paradigmático que pudiera  cambiar los términos del debate. “Nosotros no hicimos un litigio estratégico para marihuana medicinal o para regulación total del mercado, tampoco la hicimos desde un ámbito de seguridad, ni en un tema de salud sino en un tema de derechos humanos porque era la conversación menos probable de emerger por sí sola”, agrega la también integrante de SMART.

“(El fallo de la corte) significa haber acorralado al gobierno de Enrique Peña Nieto y haberle mostrado la urgencia de discutir un tema y empezar a tomar decisiones. La Corte mandó el mensaje de que es impostergable hacer algo en materia de drogas y sobre todo, en un país con tanta legitimidad respecto a la guerra contra las drogas”, dice Sánchez, una de las mayores expertas en política de droga.
Para que el fallo se convierta en ley se necesitan juntar al menos otros cinco casos consecutivos en los que la Corte falle en el mismo sentido. Sin embargo, México Unido contra la Delincuencia, trabaja junto con varias organizaciones, para que el cambio también se promueva desde la vía legislativa para que la marihuana deje de ser sustancia prohibida.

De acuerdo con Piem Metaal, investigadora del Transnational Institute, el caso de México muestra que ya no hay forma de parar el cambio paulatino hacia una convivencia y  aceptación formal de la cannábis en el mundo. “Me parece importante reconocer que el discurso de la cannábis medicinal es una trampa, pues desvía del tema de fondo, y además no es ninguna innovación: los tratados lo prescriben. México tiene un estado incapaz y corrupto, situación que implica que una regulación necesariamente vendría desde abajo”, sostuvo Metaal.

El fracaso de la guerra contra las drogas, que se hizo visible en el gobierno de Felipe Calderón con más de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos desde 2006, visibilizaron las consecuencias y pocos resultados de la política prohibicionista en México.

“Mantener esta política le ha salido muy caro a Latinoamérica y por eso se ha subido a un movimiento de reforma posible”, acota Sánchez. “En México se ha peleado la guerra con todos sus costos y por eso se puede hablar desde una posición de legitimidad”.
*****
La Drug Policy Alliance, una de las fundaciones más importantes en contra del prohibicionismo, calculó en el 40 aniversario del discurso de Nixon que Estados Unidos había gastando un trillón de dólares en combatir el tráfico de narcóticos. Ethan Nadelmann, su director ejecutivo, contaba en su oficina de Manhattan una tarde de diciembre que, irónicamente, uno de los máximos defensores de la búsqueda de políticas alternativas era Felipe Calderón, “el campeón de la guerra contra las drogas”, como lo definía. Mientras en México desataba una confrontación directa, a las autoridades del vecino del norte les explicaban que si no bajaban la demanda era necesario explorar otras medidas. “Cuando lo conocí le pregunté si se refería a la legalización y me respondió que por supuesto”.

Esta conversación forma parte de la diplomacia de las drogas, que tendrá su máxima expresión el próximo año en Nueva York durante sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés). La reunión, que no se celebra desde 1998, marcará la hoja de ruta mundial . “En la última reunión se marcaron objetivos risibles como acabar con la mitad de la producción de coca, esta vez va a haber un diálogo más vigoroso”. En UNGASS la nueva corriente antiprohibicionista medirá su fuerza en un contexto donde en países como Tailandia todavía se castiga la posesión de drogas con la pena de muerte.

“Es interesante advertir cómo países que tiene muchas diferencias en otros terrenos en los foros internacionales sobre drogas suelen coincidir: Estados Unidos, Rusia, China, Irán, por nombrar algunos.  Siempre es un escenario para evaluar y proponer cambios, pero las experiencias anteriores muestran que se ha incorporado algo para que todo siga funcionando bajo los mismos principios. Aun así, las organizaciones de la sociedad civil (incluidos usuarios y cultivadores) intentarán hacer oír su voz y pujar por reformas”, analiza el abogado argentino Corda.

En 2016 también se celebrarán elecciones presidenciales en EU, un evento que según los expertos marcará pauta. El candidato demócrata Bernie Sanders ya se pronunció a favor de la despenalización a nivel federal, y Hillary Clinton, la gran favorita, aun sin ser específica ha empleado un discurso similar.

Aunque el escenario ha cambiado desde 1998, las políticas prohibicionistas continúan representando una gran mayoría en Naciones Unidas. La perpetuación de este sistema se basa, según Garzón, en cinco puntos:

— “Buena parte de las élites políticas y económicas han apoyado una política represiva que ha recaído sobre las poblaciones más vulnerables. Ha sido una manera de lidiar con lo que no les interesa, de mantener el control sobre poblaciones que consideran riesgosas o peligrosas”.

—“El prohibicionismo ha entrado en sintonía con sectores que piden mano dura contra el crimen: la lucha contra el microtráfico se ha conectado con la estrategia contra las maras y la mano dura; en Colombia la estrategia antinarcóticos fue la vía para captar recursos de la cooperación internacional en la lucha contrainsurgente; en Brasil, las intervenciones a los mercados de drogas han hecho parte de la estrategia de ocupación territorial y combate abierto en las favelas; en Argentina hay una intensa discusión de la violencia y el crimen en barrios marginales y su conexión con narcomenudeo y narcotráfico”.

—“Ha generado una serie de incentivos perversos para la fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. El enfoque punitivo ha sido estimulado por el uso de incentivos económicos y ascensos ligados al mayor número de capturas, incautaciones y operaciones contra estructuras criminales”.  

—“La manera como fueron construidas las convenciones de drogas y las instituciones para garantizar su cumplimiento, ha propiciado un sistema abstraído, alejado de los derechos humanos, el desarrollo y una mínima evaluación sobre su eficiencia”.

—“Es un sistema basado en ideologías y prejuicios, no en la evidencia disponible. Una política así es muy difícil de cambiar”.

La barrera de los prejuicios, con todo, parece resquebrajarse en los últimos tiempos. La vanguardia antiprohibicionista luchará por implementar una nueva visión sobre política de drogas que se centre en los derechos humanos. “No vamos a ver en diez o quince años la legalización de heroína y cocaína de tipo recreativo, pero sí la dispensación de este tipo de drogas para quienes ya son adictos. Vendrán nuevas amenazas y retóricas prohibicionistas, ya no ligadas a plantas naturales, sino a prohibir sustancias psicoactivas.  Tenemos que hacer una resistencia específica para que no llegue una nueva oleada prohibicionista”, prevé Lisa Sánchez. El objetivo es cambiar el rumbo de un sistema que no ha cumplido sus objetivos en medio siglo, a pesar de la ingente cantidad de dinero invertido: en el continente hay más consumidores y la violencia derivada del crimen organizado produce más muertes que nunca.