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Playas en venta

En su afán por permitir y propiciar toda clase de corruptelas, la mayoría de nuestros diputados olvidan que algunos bienes de la nación son inalienables
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Enrique Serna
| domingo, 12 de mayo de 2013 | 00:10

Bajo la consigna de promover el desarrollo turístico, llevamos más de medio siglo malbaratando nuestras maravillas naturales en beneficio de un puñado de empresarios coludidos con la cúpula del poder político. Los estragos de esa complicidad están a la vista: el crecimiento anárquico de Acapulco, por ejemplo, ha devastado ecológicamente una de las bahías más bellas del mundo, actualmente convertida en una cloaca de aguas negras. Pronto sucederá lo mismo con Cancún y Playa del Carmen, donde el paisaje ya está severamente deteriorado por la concesión discrecional de permisos de uso de suelo, previo soborno a las autoridades municipales, estatales y federales. En la mayor parte del mundo está prohibido construir hoteles o residencias en las playas, y donde hay una avenida costera, los hoteles ocupan el lado opuesto al mar, para  que la playa siga siendo un espacio público. México es uno de los pocos países del mundo que han contravenido esa costumbre universal, bajo la excusa de atraer inversiones.

El gobierno brasileño jamás ha entregado las playas de Río de Janeiro a ningún particular, y sin embargo la ciudad sigue teniendo un gran atractivo turístico. Botafogo, Copacabana, Ipanema y Leblon son propiedad de todos los mortales, no solo de los cariocas. En cambio aquí es difícil entrar a muchas playas de Cancún o Acapulco, que en los hechos ya fueron privatizadas, y a pesar de todo, el turismo se reduce año tras año. Cada vez que una compañía hotelera bloquea el acceso  a una playa nos arrebata mucho más que un terreno valioso: junto con esa franja de arena perdemos, también, la sensación de libertad y plenitud asociada a la inmensidad azul, un bienestar espiritual que todos, ricos y pobres, nos merecemos por el simple hecho de haber nacido.

Pero en vez  de corregir las tropelías de anteriores gobiernos, en México las agravamos cada vez más. El pasado 23 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional presentada por el PRI que permitirá a los extranjeros tener casas a la orilla del mar, sin necesidad de recurrir, como antes, a prestanombres que les ayudaran a comprarlas. En defensa de esta iniciativa, respaldada también por el PAN y una parte del PRD, la diputada del tricolor Gloria Elizabeth Ruiz argumentó que la medida "será un detonante del desarrollo económico que generará crecimiento y empleo" (Reforma, 24-IV, 2013). Me temo que esa detonación sólo beneficiará a los propios autores de la reforma y a las compañías inmobiliarias que la promovieron. Al resto de los mexicanos, la reforma nos excluirá de las playas privadas. De paso, la diputada Ruiz señala otra supuesta ventaja de poner en subasta nuestro litoral: ahora los extranjeros ya no serán defraudados por los prestanombres. Gracias, licenciada, por dejarnos claro para quién trabaja usted. Se trata, pues, de legalizar un despojo inevitable, con la extraña lógica de un propietario que abre de par en par las puertas de su casa, para que los ladrones no fuercen las cerraduras.

La reforma provocó algunos brotes de indignación nacionalista, pero a decir verdad, lo menos importante en este asunto es la nacionalidad de los terratenientes playeros. Tampoco los mexicanos deberían tener una patente de corso para interponerse entre el mar y la población. En su afán por permitir y propiciar toda clase de corruptelas, la mayoría de nuestros diputados olvidan que algunos bienes de la nación son inalienables y no pueden tener precio en el mercado. Si de verdad quieren incrementar el turismo, debieron haber actuado enérgicamente para impedir que Acapulco cayera en manos del hampa. Ese desastre delincuencial le ha costado al país mucho más dinero que las hipotéticas ganancias esperadas con la nueva reforma. El año pasado tuve la fortuna de conocer La Balandra, una de las playas vírgenes aledañas a La Paz, Baja California Sur. Más que playa es una alberca natural de agua tibia, color azul turquesa, donde estuve nadando entre una nube de mariposas, con un cardumen de pececillos acariciando mis piernas. Me repugna pensar que dentro de poco ese paraíso será profanado por algún ressort de cinco estrellas, o por la mansión de un gringo, gracias a la ley recién aprobada por los agentes de bienes raíces infiltrados en el Congreso. Nuestros disputados y los altos funcionarios que les dan línea ya ni siquiera se molestan en disimular sus verdaderas intenciones: quieren un botín enorme lo más pronto posible. Y este sexenio apenas comienza. La rapiña que se avecina en las costas es de tal magnitud que sólo un tsunami podría evitarla.